La calidad educativa como excusa

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Casi 40 años de docencia, 23 de ellos en la Inspección de Educación, avalan una perspectiva, evidentemente no la única, de que cuando de calidad educativa se trata la cuestión no residen en si la institución escolar es pública o privada. La Gestión pública de los centros docentes es excelente, salvo excepciones, ya que el 70% de la red educativa, es de titularidad pública y son las únicas instituciones que lejos de tener déficit, guardan superávits, necesarios para ir tapando la mala gestión política de la escuela pública que hace la Junta de Andalucía. Los estudios, serios, rigurosos, y la realidad más contundente, vienen a afirmar, alto y claro, que millones de personas adultas, formadas en el sistema educativo público son excelentes ciudadanas, especializadas trabajadoras, inmejorables científicos, extraordinarios empresarios, vocacionales docente. Estos estudios también ponen en evidencia que la educación no sólo se materializa en las aulas ya que, detrás de cada infante, debe existir una familia que lo quiera, que le ayude, que le estimule; y eso ninguna escuela puede aportarlo si no se tiene. También ponen de manifiesto que los empresarios de los centros privados quieren hacer dinero y por ello están ubicados en espacios urbanos donde reside la clase media y muy pudiente o en urbanizaciones alejadas de las viviendas de clase humilde.

Un conjunto de familias se orientan hacia los centros privados por diversos motivos: bien porque estudiaron los padres, o porque va a ellos un familiar, amigo o conocido… No obstante existe un sector de familias que nunca manifiesta públicamente sus motivos, pero que si lo manifiestan en privado. Cualquier persona que haya ejercido de Inspector de Educación puede asegurar que son miles (sin exagerar) los casos en el que el motivo para pretender la privada, no reside en la “calidad”, ni siquiera en el “ideario”, sino en evitar las “junteras” que presuntamente tendrán hijos e hijas si se escolarizan en un centro público. Comprendiendo la preocupación natural de madres y padres, que pretenden lo mejor para sus hijas e hijos, es insostenible el discurso del “apartheid” al que, para “salvar a los suyos” pretenden consolidar en los otros. Denostar la escuela pública, la de todas y todos, con el argumento de que tiene menos “calidad”, además de no tener base alguna, y la experiencia corrobora todo lo contrario, es la justificación oportuna para buscar otro centro no público para hijas e hijos. Y vuelta a las “junteras”, ya que estas familias miran, y mucho, con quienes hacen amistades, de que familia son, que posible provenir pueden tener, que status social les espera y siempre con la sana intención (sin rin tintín) de querer lo mejor para su prole.

Y para ello se enarbola un pretendido derecho a elección de centro que no existe. El artículo 27 de la Constitución española de 1978, hace referencia a los padres en dos apartados: En el 3º dice “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.” Esto se realiza mediante la opción religiosa o no, que a las familias se les ofrece, aunque tampoco se concreta, en la ley de leyes, que deba ser en el horario lectivo de los centros educativos ni tampoco es exigible que tenga que pagar el Estado cantidad alguna a profesorado o iglesia o confesión; ya que garantizar significa evitar impedimentos, pero nada más. La otra referencia a los padres, en este artículo, se encuentra en el apartado 7º, que se refiere a su intervención en el control y gestión de todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos. Evidentemente no existe el derecho a elegir colegios. Consecuentemente con ello los políticos deben dejar de beneficiar a empresarios privados que hacen el agosto publicitando sus excelencias, y enarbolando la calidad como justificación de otra escuela distinta a la Pública.

Fdo Rafael Fenoy